Ignacio Aréchaga. Editor del Blog «El Sónar»

Publicado el 24 agosto, 2021 por El Sónar – Ignacio Aréchaga

“Siempre he pensado que Francia era un país libre en el que uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero, poco a poco, ¡nos quitan nuestras libertades!”, declaraba una manifestante. “Mi salud me pertenece”, proclamaba una pancarta. No, el motivo de la manifestación no era el derecho al aborto. Era el pasaporte covid –por vacunación o test negativo– exigido por el gobierno francés para poder entrar en cafés, restaurantes, gimnasios, o incluso hospitales para los pacientes no urgentes. La ley obliga a vacunarse al personal sanitario y hasta puede justificar la suspensión del contrato laboral de duración indefinida.

La protesta contra el pass sanitaire sacó a la calle en toda Francia a más de 200.000 personas el 31 de julio –según datos del Ministerio del Interior– y ha seguido aglutinando protestas de miles de manifestantes en pleno agosto. El gobierno ha logrado que el Consejo Constitucional lo ratificara en nombre de una “conciliación equilibrada” entre las exigencias de protección de la salud y las libertades individuales. Pero si en teoría no se impone la vacunación obligatoria, en la práctica la negativa condena al ostracismo en la vida social.

El mantra de que “mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero” se ha visto desarbolado en estos tiempos de pandemia. De repente se ha caído en la cuenta de que lo que hagamos con nuestro cuerpo puede tener repercusiones en la salud de los demás, de modo que nuestra libertad queda limitada, incluso en algo tan básico como la libertad de movimientos y el derecho al trabajo. Es discutible que la ley francesa logre un equilibrio entre la protección de la salud y la libertad individual, cuando más bien consagra una intromisión desmedida del Estado en la vida privada. Una cosa es exigir que se vacune el personal sanitario y otra poner la vacuna como condición para sentarse en una terraza o ir a trabajar. Pero lo llamativo del pass sanitaire es que casa mal con otros derechos: uno puede perder el derecho a entrar en un centro comercial sin pasaporte covid para no poner en hipotético riesgo a los demás, mientras que una mujer tiene el derecho incondicional a suprimir la vida humana naciente, lo que sin duda es el mayor ataque a la salud de otro.

La realidad es que cuando entra en juego el derecho al aborto cualquier idea de “conciliación equilibrada” se esfuma. Incluso la libertad de expresión se considera un obstáculo  que hay que eliminar en estos casos. Basta ver la reacción que ha provocado en Francia el hecho de que la cadena generalista de televisión C8 haya emitido hace unos días la película Unplanned.

Esta película americana cuenta la historia real de Abby Johnson, directora de una clínica abortista de Planned Parenthood en Texas. Poco a poco, con lo que ve y siente en la clínica, cambia de postura y se convierte en defensora de la vida. Es un film con pocos discursos y muchos hechos. No es un panfleto ideológico agresivo, sino una película que hace pensar sobre la realidad del aborto, también como negocio.

Quizá por eso irrita tanto a quienes consideran clausurado el debate sobre el aborto. En EE.UU. las principales cadenas de televisión –excepto Fox News– rechazaron emitir publicidad del film y la película apenas encontró distribuidores en grandes metrópolis de las costas Este y Oeste. A pesar de todo, fue un éxito gracias a la movilización del sector provida.

En Francia, nada más anunciar la cadena C8 que lo emitiría, asociaciones feministas se indignaron y lanzaron una petición exigiendo al Consejo Superior de lo Audiovisual  que  obligara a la cadena a “contextualizar ese programa” (la censura tiene hoy nuevas máscaras). Recordaban que “el derecho a la interrupción del embarazo está anclado en la ley francesa”. Como si no se pudiera cuestionar nada que figure en las leyes. ¿Qué diríamos si ante una película sobre el problema de la vivienda y los desahucios los promotores inmobiliarios pidieran su retirada alegando que el derecho de propiedad privada está sólidamente arraigado en la ley?

El ente regulador de lo audiovisual tuvo que recordar algo tan elemental como que “las cadenas determinan libremente la elección de los programas”, sin intervención del Consejo.

Se comprende que a los militantes proaborto les moleste esta película, pero la defensa de la libertad de expresión tiene estos costes. La verdad es que nunca he visto que los provida exijan que se “contextualice” una de las abundantes películas que defienden el derecho al aborto ni que cuestionen la libertad de una televisión para elegir qué películas emite. Es sintomático que algunos medios que tienen a gala la defensa de la libertad de expresión, la cuestionen en este caso. Basta ver la información de Le Monde.

El titular afirma que “la cadena C8 provoca la polémica al emitir un film contra el derecho al aborto en prime time”. Provocar la polémica suele considerarse un signo de periodismo intrépido e inconformista.  Pero como cuestiona el derecho al aborto, esta vez la polémica es negativa.  Y además en prime time, cuando podría haber emitido el film a las 3 de la madrugada. Son ganas de provocar.

Luego dice que en EE.UU. la película había suscitado “vivas críticas sobre su veracidad”.  Pero habida cuenta de que la película traslada a la pantalla la autobiografía escrita por la propia Abby Johnson, poner en duda su veracidad implica que sus críticos saben mejor que ella lo que vivió y sintió durante su experiencia en la clínica abortista. También se asegura que su descripción de las clínicas abortistas americanas  como un lucrativo negocio no tiene “nada que ver” con la realidad francesa, como si esto ya descalificara a la película. Incluso se llega a recordar que en Francia existe el delito de “obstaculizar el aborto”, lo que incluye la “desinformación” sobre el tema. O sea, no hay que permitir voces que desafinen en el coro.

Por si fuera poco, se advierte que el film ha sido coproducido por un magnate americano cristiano born again, amigo de Donald Trump, y que el éxito de Unplanned tiene mucho que ver la movilización de redes de cristianos evangélicos y antiabortistas. Se transmite así al lector la impresión de que en Europa no pinta nada este film de propaganda americano. Tres días antes Le Monde publicaba un editorial en el que denunciaba una ley sobre lo audiovisual, recién aprobada en el Parlamento polaco. En ella se establece que en los medios de comunicación polacos las entidades no europeas no pueden detentar más del 49% del capital. Es una de esas limitaciones que, bajo pretexto de defender la soberanía nacional, no suelen aportar nada bueno para la información de los nacionales.

En este caso, los adversarios aseguran que la ley va dirigida contra una cadena, la del grupo americano Discovery, muy crítica con el gobierno y que da voz a los opositores boicoteados en los medios públicos. Es decir, también podría decirse que “crea polémica” difundiendo en prime time opiniones que se salen de la versión oficial. En este caso Le Monde ve en esta nueva ley una “degradación” y un atentado al pluralismo informativo. Quizá es porque el grupo Discovery no es de origen evangélico y el gobierno polaco no es partidario del derecho al aborto.