Medicina y legislación.

ACEPRENSA. Publicado el 13 octubre, 2021 por IGNACIO ARÉCHAGA en El sónar

La autonomía de los profesionales sanitarios para diagnosticar conforme a la ciencia médica y recomendar las terapias que consideren más adecuadas en bien del paciente, son principios incuestionables. Sin embargo, cada vez es más frecuente que el legislador se arrogue el derecho a decidir lo que es o no patológico, o se entrometa a prohibir unas terapias y declarar el derecho a otras, en función de criterios ajenos a la evidencia científica. Y, cuando esto ocurre, el legislador traslada la patata caliente a los médicos, para que apliquen unas disposiciones legales que se han hecho sin contar con ellos.

Un ejemplo claro es la ley de eutanasia que se ha aprobado en España. Es curioso que la ley considere la eutanasia como un “acto médico”, y que, sin embargo, haya ignorado a los médicos.

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Es cierto que también entre los médicos hay división de opiniones sobre la eutanasia. Pero incluso médicos partidarios de la eutanasia como último recurso, reconocen que en un tema tan decisivo la ley deja mucho que desear.

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El legislador ha creado un nuevo derecho a la eutanasia, sin pensar en los problemas que deberán afrontar los médicos que tienen que aplicarlo. Al personal sanitario le queda el recurso de hacerse a un lado, invocando la objeción de conciencia. Pero lo que muchos alegan es una “objeción de ciencia”, porque piensan que eliminar al enfermo es una mala solución a un problema que puede abordarse con cuidados paliativos.

Otras veces el legislador se mete a decidir lo que puede ser o no una patología, con criterios no biológicos sino sociales. Así lo hace la proposición de ley trans en trámite en el Congreso.

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Si el paciente busca libremente no la transición de género sino una ayuda médica para superar ese problema de identidad de género, la ley se lo impide. Inmiscuyéndose en la relación entre médico y paciente, la ley prohíbe cualquier terapia que “suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la identidad de género, o que estén basados en la suposición de que cualquier identidad de género es consecuencia de enfermedad o trastorno”. Así que una ley que se presenta tan liberal y permisiva, se vuelve intolerante con los que tienen algún problema para vivir una identidad de género adecuada a su sexo.

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El problema puede estar en el empleo de terapias erróneas y poco éticas. Pero decidir por ley que “cualquier procedimiento” en este sentido es ilegal, supone una intromisión en la libertad de elección del paciente y en la autonomía de los profesionales sanitarios. Y en un tiempo en que la ley no persigue a nadie por su orientación sexual ni por su identidad de género, hay que suponer que quienes piden una ayuda médica en estas cuestiones lo hacen con plena libertad. En suma, es una norma pensada para defender la autoestima del colectivo trans, en vez de atender las necesidades médicas específicas de personas concretas.

Los próximos médicos en el punto de mira son los psiquiatras. Podemos ha presentado, con ayuda del PSOE, una proposición de ley de salud mental. Nadie duda de que hay que dedicar más recursos y más profesionales a la salud mental. Pero las primeras reacciones de los psiquiatras no han podido ser más alarmantes. Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, comenta: «Parten de supuestos falsos, centrados en la pobreza, la opresión social, como origen de las enfermedades mentales. Están alejados de cualquier evidencia científica y de los problemas reales de las personas con trastornos mentales graves. No se alude al cerebro ni a la genética; solo se habla de pobreza y opresión, como si la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el autismo dependieran de los recursos económicos».

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