Ley del Aborto: Los médicos destapan las verdaderas intenciones de la ministra de Igualdad con sus listas negras de objetores al aborto, y los farmacéuticos no ven contemplada «expresamente» su objeción de conciencia en dicha ley.
 

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de modificación de la ley del aborto con el fin de que pase por las Cortes mediante una tramitación urgente. Se trata de un hecho sin precedentes que pone de relieve el temor a que los jueces cuestionen una ley controvertida por muchas y muy variadas razones, una de ellas es la creación de un registro de objetores de conciencia.

Los médicos

El doctor Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ha realizado unas declaraciones a Libertad Digital en las que señala: «Es evidente que estamos muy preocupados, porque eso [el registro de objetores de conciencia] puede utilizarse el día de mañana para decidir contrataciones, ascensos, etc.». Por otra parte, Martínez-Sellés reconoce que la gran mayoría de los abortos se realizan en centros privados, porque hay muchos hospitales públicos en los que sus ginecólogos, de forma unánime, se acogen a este derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, advierte de que la única forma de cumplir con los deseos de la ministra de Igualdad es ir contra un derecho que, tal y como recuerda, emana de nuestra propia Carta Magna. «Habría que hacer contrataciones especificando que determinados profesionales que se contraten no pueden ser objetores, y eso es una clarísima discriminación hacia quienes se acogen a su derecho constitucional a objetar».

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid pone de manifiesto, además, la artimaña de la ministra de Igualdad al plantear el problema en esos términos, ya que de sus palabras parece deducirse que, por culpa de la objeción de algunos médicos, “hay mujeres que no pueden acceder al aborto gratuito”, cuando esto es radicalmente falso. «Los abortos que se están practicando en centros privados son totalmente gratuitos. Si una mujer quiere abortar en un centro público y en ese centro público no se realizan abortos porque no hay médicos que quieran hacerlos, se la deriva a un centro privado que tiene un concierto. Es decir, la mujer no paga el coste del aborto. Es lo mismo que sucede si a uno le tienen que operar de la rodilla y en el hospital público no pueden operarle por lo que sea».

 Finalmente, en sus declaraciones, Martínez-Sellés que «esta ley, tal y como está redactada, promueve el aborto, porque se elimina el periodo de reflexión de tres días, que es algo que a mí ya me parecía un tiempo muy corto para una decisión tan importante, y se quita la obligación de dar información verbal y por escrito a las mujeres de las distintas alternativas que existen y de las ayudas a la natalidad con las que cuentan».

Los farmacéuticos

Alto y claro se ha pronunciado el Consejo General de Farmacéuticos (COF) para reivindicar el derecho a la objeción de conciencia de estos profesionales en el texto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se tramitará en las Cortes. Así lo expone Carmen Torrente en un artículo publicado en El Mundo. En concreto, considera que la redacción actual “no contempla expresamente la objeción de conciencia para la dispensación de la píldora del día después (PDD), aunque está amparada por el Tribunal Constitucional».

En concreto, el artículo 19 bis se refiere a la objeción de conciencia, pero con cierta ambigüedad, ya que se refiere a que «los profesionales sanitarios directamente implicados en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo podrán ejercer la objeción de conciencia». Es decir, no menciona explícitamente al farmacéutico en su función de dispensar la píldora postcoital.

Al igual que el Consejo de COF, la Asociación Española de Farmacia Social (AEFAS) ha mostrado su oposición a la cláusula que obliga a las oficinas de farmacia a dispensar de manera gratuita la píldora postcoital. Así lo indica en un comunicado en el que señala que el nuevo proyecto de Ley Orgánica se posiciona en contra del derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos. Textualmente, considera «una irresponsabilidad ofrecer gratuitamente, y sin control, un producto aprobado por la Agencia Española del Medicamento para un uso excepcional en la anticoncepción. Por ello, sostienen que el nuevo proyecto «se posiciona en contra de un uso racional del medicamento, al propiciar además el abandono de otros métodos anticonceptivos más seguros, eficaces, y que suponen un menor riesgo para la salud de las adolescentes y para el embrión humano».

A su juicio, establecer la obligatoriedad de la dispensación de la píldora del día después bajo pena de multa «es un claro atentado a la libertad de conciencia del farmacéutico», reconocida por el Tribunal Constitucional en una sentencia en la que admitió el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos, vinculado al derecho fundamental a la libertad ideológica.