Manifestación en defensa de la vida.

Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad de España, en 2022 se han producido 1.920 abortos más que en 2020. Se recupera así, lamentablemente, la cifra anterior a la pandemia y al confinamiento, resultando en 90.189 mujeres que han abortado, de las que 312 eran menores de 15 años.

Por comunidades autónomas, Cataluña es la región con la tasa más elevada de interrupciones voluntarias de embarazo (13,42%), seguida de la Comunidad de Madrid (11,90%), Baleares (11,56%), Asturias (11,50%), Murcia (11,46%), Andalucía (11,18%) y Canarias (10,61%). Las regiones con menor tasa de IVE en 2021 fueron Ceuta y Melilla (1,79%), Galicia (5,37%), La Rioja (6,17%), Extremadura (7,10%), Castilla y León (7,17%), Navarra (8,39%), Cantabria (8,68%), Aragón (8,79%), Castilla-La Mancha (8,90%), Comunidad Valenciana (9,02%) y País Vasco (10,39%).

La mayoría de las mujeres que han terminado con su embarazo tienen pareja, cuentan con estudios con un nivel similar a bachillerato, son trabajadoras por cuenta ajena y no tienen hijos. La media de edad que más interrumpe su embarazo está entre los 25 y los 29 años. Por otra parte, 723 mujeres ya habían abortado antes en más de cinco ocasiones, lo que hace pensar que muchas de ellas recurren al aborto como un método contraceptivo.

Como indica el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), la mayor parte de los abortos tienen lugar durante las primeras semanas del embarazo. Más del 90% de antes de la semana 14 y el 72,4% con menos de ocho semanas de gestación.

Así, el 71,85% de los mismos se registraron antes de la octava semana de gestación, mientras que sólo el 0,18% se produjo más allá de la vigésimo tercera semana. En cuanto al uso de anticonceptivos, según los datos el 41,31% no utilizaban ninguno.

La gran mayoría de abortos se practican en centros extrahospitalarios privados. Según el informe de 2021, los hospitales públicos los evitan. De las 90.189 interrupciones incluidas en el registro estatal se realizaron en 210 centros autorizados, solo el 15,67 % se hizo en centros públicos.

Casi en el 91% de los casos, se interrumpe ‘a petición de la mujer’es decir, por el deseo de no ser madre. Solo en el 5,58% se realizó porque la salud y la vida de la embarazada corría un grave riesgo, el 3,12 por ciento por riesgo de graves anomalías en el feto y el 0,29 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable. Para Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida en declaraciones a Europa Press «son cifras de las que deberíamos avergonzarnos y plantearnos seriamente que no puede haber ni recuperación demográfica, ni económica, ni progreso verdadero, en una tierra que considera matar un delito y que abandona a las madres, que dedica el dinero a subvencionar la muerte al principio y final de la vida».