Ecografía a una mujer embarazada.

Por Julio Tudela Cuenca. Observatorio de Bioética.

El Gobierno autonómico de Castilla y León ha anunciado que obligará a los sanitarios a ofrecer tres opciones a las embarazadas que quieran abortar: La posibilidad de escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica. No obstante, según el vicepresidente Juan García Gallardo, a la mujer que acude a abortar «no se le va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere», criticando asimismo la persecución a la que se está sometiendo a los facultativos que se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo, asegurando que en su región estarán protegidos.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha calificado de «coacción» la medida y ha manifestado su «profunda preocupación» por una iniciativa que consideran «un retroceso» en un «derecho esencial para las mujeres, el derecho al aborto, que es un hito en la lucha feminista de nuestro país».

Una propuesta que no es nueva 

Debe matizarse que esta propuesta no es nueva. Otros países la han implementado desde hace tiempo de diferentes maneras: en Europa, Hungría y Eslovaquia, y, en Estados Unidos los estados de Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Oklahoma, Texas, Utah y Wisconsin. Aunque en algunos de estos estados es obligatorio que el facultativo muestre y describa la imagen ecográfica a la mujer que solicita practicarse un aborto, en la mayoría de los casos simplemente se ofrece la posibilidad de hacerlo previamente a la práctica abortiva.

Conviene aclarar que pretender imponer a cualquier paciente la realización de una prueba diagnóstica, en cualquier caso, constituye una violación del principio de autonomía y del ejercicio de su libre decisión, por lo que resulta reprobable bioéticamente. Pero, sin embargo, implementar medidas que ofrezcan la posibilidad, siempre que el paciente acepte, de suministrar información complementaria y trascendental sobre la naturaleza de la intervención que pretende realizársele, no solo no es una violación de sus derechos, sino que constituye un deber inscrito en el proceso de información previa que todo paciente debe recibir antes de tomar una decisión sobre cualquier intervención médica.

No debe confundirse, como algunos han hecho, el hecho de facilitar información ante una intervención, con una forma de “tutela” hacia la mujer, que supondría un menosprecio a su capacidad de decisión autónoma. Contrariamente, facilitar datos a quien tiene que tomar una decisión, con el objetivo de que lo haga desde la posición más ventajosa, conociendo las opciones, sus alternativas y consecuencias posibles, no supone un acto de paternalismo médico sino todo lo contrario. Desde posiciones favorables al aborto parecen favorecerse las posiciones que refuerzan la opción de abortar, ocultando o dificultando el acceso a otras que, ofreciendo alternativas, tratan de evitarlo. Y esto sí es una forma de paternalismo. Así se han implementado cambios en la última reforma de la ley del aborto que suprimen el periodo de reflexión o eliminan la obligatoriedad de suministrar información sobre alternativas y ayudas en el caso de decidir finalmente no abortar. Pretender limitar la información que debería recibir una mujer que acude a practicarse un aborto, para evitar que pudiera replantearse su decisión, es atentar contra su autonomía, su capacidad de decisión libre y, en última instancia, su dignidad y sus derechos. Ocultar información sobre la técnica a realizar, sobre la naturaleza del feto que va a abortarse, sobre alternativas disponibles al hecho de abortar o sobre efectos secundarios y riesgos asociados a esta práctica, constituye un atentado al deber de suministrar al paciente todos los datos necesarios para que pueda tomar una decisión informada, contrastada, correctamente evaluada en sus consecuencias posibles y libre.

Y esto es así para cualquier intervención médica, diagnóstica o terapéutica. Pero lo es mucho más en el caso del aborto, donde la consecuencia más dramática de la decisión de abortar es provocar la muerte de un ser humano en sus etapas iniciales de desarrollo. Los que se oponen a informar, manipulan. Y los que manipulan atentan contra la libertad y los derechos de las mujeres implicadas.