Eutanasia en Cuba, hoy para enfermos graves, mañana para otros.
El Parlamento cubano aprobó el 22 de diciembre una nueva Ley de Salud Pública, que sustituye a la de 1983 y entre cuyas singularidades está la posibilidad de que los pacientes graves soliciten la eutanasia o el suicidio asistido.
No, esas palabras no están literalmente en el texto legal. El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, Leonardo Pérez Gallardo, uno de los intervinientes en el “debate” de la norma –que, como era de esperar, se cerró con el voto favorable unánime de los 470 diputados– lo anunció como si la omisión del concepto o el empleo de un eufemismo atenuara la gravedad del fenómeno: “Se evitan términos como eutanasia en la expresión de la norma jurídica, y se utiliza el plural, que es importante: determinaciones”.
No están, pero están. Pérez alude al artículo 159.1 de la ley: “Se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna, mediante el ejercicio de las determinaciones para el final de la vida, que pueden incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos y los procederes válidos que finalicen la vida, dirigidos a personas con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, con un sufrimiento intratable, que se encuentren en fase agónica o terminal de vida o que hayan sufrido lesiones que las coloquen en esta condición”.
Al efecto de hacer esto posible, se anuncia la aprobación de “protocolos estandarizados de actuación multidisciplinarios”, que solo se aplicarán “cuando se determine por el Ministerio de Salud Pública que están creadas las condiciones para llevar a cabo estas acciones en el país”.
“¿Pobreza extrema? ¿Dolor? He aquí la salida”
La mencionada unanimidad en la votación sobre la “muerte digna” puede responder, en el caso cubano, tanto a la tradición parlamentaria de aprobar absolutamente todo lo que el combo Gobierno-Partido Comunista decida que hay que sacar adelante, como a la filosofía radicalmente materialista que –vía educación y coacción– ha permeado la conciencia social desde 1959, y que identifica la dignidad con la plena autonomía física y mental del individuo y la ausencia de todo dolor.
Ante el grave déficit de medicamentos, muchos acuden a las redes sociales a pedir que alguien les venda o done antipsicóticos, antihipertensivos, analgésicos fuertes contra el cáncer, etc.
Una norma de este tipo llega, precisamente, cuando el bienestar material y psicológico de los ciudadanos está seriamente tocado por décadas de crisis económica, que se ha agravado desde que la administración Trump (2017-2021) fue directamente contra las vías de financiamiento del sistema. Como el turismo exterior, por ejemplo, que a su vez estaba favoreciendo el despegue de las pequeñas empresas y la independencia del ciudadano respecto al Gobierno. El tiro de gracia lo dieron la pandemia del covid-19 y una calamitosa reforma económica –la “Tarea Ordenamiento”, aplicada a inicios de 2021– que se propuso eliminar la dualidad monetaria existente desde 1994, pero que, dada la baja productividad crónica del país, tuvo efectos devastadores en la economía de millones de hogares, fundamentalmente en materia de alimentación y salud.
Para hacerse una idea de la gravedad de la situación, bastaría citar el precio de un alimento básico: el huevo. En el mercado informal, que es el único en que se puede conseguir, un paquete de 30 unidades se vende por 3.000 pesos (11 euros al cambio actual), mientras que el salario mínimo se ubica en los 2.100 pesos (8 euros). Aún más difíciles de llevar a la mesa son los productos cárnicos, los lácteos, los mariscos… Estas carencias hacen descender sensiblemente los niveles nutricionales e inciden, fundamentalmente, en la salud física y mental de las personas discapacitadas y los ancianos que viven solos.
El problema se agudiza con la escasez de cientos de medicamentos que la industria farmacéutica local no alcanza ya a producir ni el país se puede permitir importar. En julio, el presidente de la empresa BioCubaFarma, Eduardo Martínez, informó al Parlamento que existía un déficit de 251 fármacos: el 40% del cuadro de medicamentos. Tras el informe, algunos diputados abogaron por recurrir a la “medicina natural y tradicional” (hierbas, cocimientos, emplastos…), pero muchos familiares de personas enfermas prefieren acudir a las redes sociales a pedir que alguien les venda o done medicinas, lo mismo antipsicóticos y antihipertensivos que analgésicos fuertes contra el cáncer. Porque no: nadie quiere vivir en un tormento, ni tampoco morirse antes de hora, sino que le atenúen el dolor.
Demostradamente incapaz de aliviar a tantos en este momento, el sistema ha optado por enseñarles a los pacientes casi una única puerta. La puerta equivocada.
Hoy, para los enfermos graves; mañana, para otros
Con una tasa de 14,5 suicidios por cada 100.000 habitantes, Cuba está por encima del promedio mundial (9,2 por 100.000) en los registros de la OMS correspondientes a 2019. En ellos comparte puesto con países desarrollados como Suiza y Austria (14,5 y 14,6), y está por debajo de EE.UU. (16,1).
En su Anuario Estadístico de 2022, el Gobierno cubano ofrece cifras más actuales y “menos malas”: ese año fue la décima causa de muerte (1.432 personas; la tasa, del 12,9). Pero con la irrupción del suicidio asistido o la eutanasia en una fecha aún por determinar, las asfixiantes circunstancias económicas, la precariedad del sistema sanitario y circunstancias como la creciente soledad o el aislamiento de la población de la tercera edad –solo entre 2022 y 2023 se marcharon a EE.UU. casi medio millón de cubanos, la mayoría en edad laboral– pueden propiciar un mayor interés por parte de los más pobres, los abandonados y los discapacitados por esa “salida” a sus agobios.
No sería extraño que así la vieran, a juzgar por las experiencias de otros países. En Canadá, según explicaba a CNA Alex Schadenberg, director de la Euthanasia Prevention Coalition, la ley prevé que “casi cualquier persona con una enfermedad crónica (como las personas con discapacidad) puede ser aprobada para recibir la eutanasia”. Es así, dice, que la pobreza, la falta de vivienda o la indisponibilidad de determinado tratamiento médico son los motivos reales por los que algunos discapacitados piden que se les dé muerte, “pero se les aprueba la eutanasia por su discapacidad”.
Meghan Nicholls, directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Mississauga (Ontari)o, refuerza esta afirmación con lo que va constatando ella misma entre las personas a las que su institución brinda ayuda: “Estamos en un punto en el que los clientes de estos programas nos dicen que están considerando la muerte con asistencia médica o el suicidio porque ya no pueden vivir en una pobreza extrema. (…). Un cliente de nuestro programa de entrega a domicilio Food Bank 2 le dijo a uno de nuestro personal que está planteándose el suicidio porque está cansado de sufrir la pobreza. Otro cliente preguntó si sabíamos cómo solicitar la MAID (asistencia médica para morir) por las mismas razones”.
Si esto sucede en uno de los siete países más ricos del mundo, ¿qué quedará para aquellos habitantes de una isla del Caribe que echan cuentas y ven que su pensión de jubilación no les alcanza para comprar un paquete de 30 huevos?
Se objetará, desde luego, que la ley es clara: el procedimiento está pensado para “personas con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, con un sufrimiento intratable”, etc., etc. Solo que así de “claros” estuvieron en un inicio los límites a la eutanasia en varios países, que terminaron deslizándose inevitablemente por la pendiente y ampliando de tiempo en tiempo los supuestos de aplicación. ¿Sería Cuba la excepción?
“Cabos sueltos para la delincuencia”
Están, por último, los errores. Y la mala fe. De los primeros, hay sospechas, cuando no evidencias, en casos ocurridos en Bélgica y Holanda; situaciones en que los protocolos se han aplicado a la ligera, como sucedió en 2010 con la joven belga Tine Nys, a quien la Comisión Federal para el Control y la Evaluación de la Eutanasia le aprobó rápidamente su solicitud del procedimiento, en lugar de esperar el mes preceptivo; o el de una anciana holandesa que, al momento de recibir la inyección, se resistió, por lo que los familiares la inmovilizaron para que la doctora le inoculara el fármaco letal.
Sobre irregularidades de este tipo –que, en estos países, con división de poderes, han dado lugar a procesos judiciales–, alertó un eminente neurólogo cubano, el Dr. Calixto Machado, ya en 2019, cuando la eutanasia como posibilidad legal empezaba a ser tema de interés para el Gobierno.
En un popular programa televisivo, el entonces presidente de la Sociedad Cubana de Neurofisiología Clínica y de la Comisión Nacional para la Determinación y Certificación de la Muerte, fue directo: “La legalización de la eutanasia (no creo que solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo) va a dejar cabos sueltos para la delincuencia. (…). Para delinquir. Un viejito que viva con unos familiares…, con una herencia grande, y con cáncer de próstata, pudiera ser que ellos lo hicieran firmar para ganar la herencia”.
Para el experto, el énfasis tenía que ponerse en la necesidad de desarrollar los cuidados paliativos para enfermos graves –se pueden hacer, dijo, “muchas actividades terapéuticas para mitigar el dolor en esos pacientes; se hace, por ejemplo, la sedación paliativa por los oncólogos”– y era preciso acompañarlos. Controlado el dolor y vencida la soledad, “en muchas ocasiones, el pensamiento de esas personas cambia y ya no quieren morir”, aseguraba.
Ejemplos de esto último hay muchos, pero, en ese cautivo plenario reunido en La Habana, los disciplinados aplausos a favor de la falsa “muerte digna” impidieron escucharlos.
