España facilita el aborto mientras hace cada vez es más difícil afrontar la maternidad.
Isabel Coma Canella. La vicepresidenta de AGABI ha resumido y retocado el artículo ¿Libertad para abortar, pero no para ser madre? El doble rasero que España no quiere mirar de Josep Miró i Ardèvol, publicado en substack.
España y Cataluña facilitan el aborto mientras hacen cada vez es más difícil afrontar la maternidad: menos ayudas, más pobreza familiar y una política que dice defender la libertad mientras inclina la balanza en un sentido.
Hay decisiones que solo son libres cuando existen alternativas reales. Si una mujer embarazada atraviesa una dificultad económica grave y la Administración le garantiza con rapidez el aborto, pero no le ofrece una ayuda suficiente para continuar su embarazo, no está ante una libertad plena, sino ante una elección inclinada por la política.
EEUU logró durante décadas una reducción extraordinaria del aborto. La tasa descendió desde 29,3 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años en 1981 hasta 13,5 en 2017: más de la mitad. En 2014 volvió a alcanzar 16,7 por mil y se estimaron 1.124.000 abortos proporcionados por profesionales, pero aún así la caída es extraordinaria.
EEUU registró en 2024 unos 31 abortos por cada cien nacidos vivos. España, 33,4 por cada cien. Cataluña, 40,4; su tasa fue de 14,8 abortos por mil mujeres, frente a 12,36 en el conjunto español. España (y especialmente Cataluña) vive una prolongada crisis demográfica, con un saldo vegetativo negativo desde 2015.
En 2015 murieron en España más de 118.000 personas por encima de las que nacieron y la fecundidad cayó a 1,10 hijos por mujer. Cataluña perdió por la misma vía 13.722 habitantes, ya que hubo 53.802 nacimientos frente a 67.524 defunciones.
En nuestro país, la población solo crece gracias a la inmigración. Una sociedad incapaz de reemplazarse debería, como mínimo, preguntarse por qué dedica tanta energía institucional a facilitar que nazcan aún menos.
No se trata de imponer a una mujer una maternidad que rechaza. Se trata de comprobar si la mujer que desea tener a su hijo recibe la protección necesaria. La respuesta es no. Existe el ingreso mínimo vital, el complemento de ayuda a la infancia, deducciones fiscales y prestaciones para determinados supuestos, pero España carece de una prestación universal por hijo semejante a la existente en numerosos países europeos. La ayuda es fragmentaria, condicionada y difícil de obtener. En 2025 se estimó que el complemento de ayuda a la infancia en España solo alcanza al 10,5% de sus posibles beneficiarios.
En 2014, el 34,6% de los menores españoles estaban en riesgo de pobreza o exclusión social: la segunda peor cifra de la Unión Europea, únicamente por detrás de Bulgaria. En 2025, España ya encabezaba otro indicador: el 29,9% de las personas que vivían en hogares con hijos dependientes se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión.
En nuestro país la pobreza relativa afectaba en 2024 al 24,6% de las personas que vivían en hogares con hijos, frente al 14,6% en hogares sin hijos. Tener hijos elevaba el riesgo en casi un 70%.
La cuña fiscal es la parte del coste total de un trabajador que absorben el IRPF y las cotizaciones, descontadas las prestaciones familiares. En 2025 alcanzó en España el 41,4% para un trabajador soltero sin hijos y el 36,8% para un matrimonio con un solo salario medio y dos hijos. La ventaja familiar fue, pues, de solo 4,6 puntos, casi la mitad del promedio de la OCDE, situado en 8,9. En Estados Unidos fue de 10,4 puntos y en Polonia, de 20,8. España figura entre los sistemas que menos reconocen fiscalmente la carga de criar.
En este contexto, Barcelona acogerá el próximo 1 de octubre el Forum Internacional d’Aliances pel Dret a l’Avortament. La inscripción es gratuita y se anuncian más de 200 activistas, veinte ponentes de diez países y sesiones sobre activismo sanitario, redes feministas, movilización política y estrategias futuras.
El encuentro, organizado por el programa Vull Avortar de L’Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, cuenta en su cartel con el apoyo económico y político de los ministerios de Sanidad e Igualdad y de los departamentos de Salud e Igualdad y Feminismo de la Generalitat. Será la antesala de la conferencia de FIAPAC (Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Anticoncepción), prevista del 2 al 3 de octubre. El propio programa incluye formación para ampliar la práctica y la prestación de la dilatación y evacuación.
Hay otro dato que define la naturaleza del acto. La memoria de la asociación correspondiente a 2023 reconoce que el 94,32% de sus aportaciones procedió de administraciones públicas: 1.112.962 euros de administraciones autonómicas, 226.657 de administraciones locales y 19.656 de la estatal. Formalmente es una entidad privada; financieramente es una organización pública. No es la sociedad civil sosteniendo una causa ante el poder, sino el poder sosteniendo una entidad que después se presenta como sociedad civil.
El escándalo no consiste en que la sanidad atienda una práctica legal. Consiste en que el Estado garantiza, financia y organiza el aborto, mientras ofrece a la mujer que quiere seguir adelante un laberinto de ayudas insuficientes.
Una política auténticamente favorable a la libertad debería poder decirle: «Si deseas tener a tu hijo, la pobreza no te obligará a perderlo». Hoy España no puede decirlo. Y Cataluña, mucho menos.
