El pasado 6 de abril el Senado español aprobó la ley que modifica el Código Penal con 154 votos a favor y 105 en contra. El objetivo es penalizar a grupos y personas que trabajan en el ámbito de la defensa de la vida.
¿De qué se les acusa? De intimidar a las mujeres que desean abortar.
¿Cómo lo hacen? Se sitúan cerca de las clínicas abortistas, ofrecen información sobre el aborto (y además rezan) a las mujeres que acuden a estos lugares.
¿Qué propone la nueva ley? “Blindar” los entornos de estas clínicas y encarcelar a quienes ofrezcan información.
¿Qué dicen los acusados? Que la ley en sí misma es una arbitrariedad, ya que limita gravemente los derechos de expresión y manifestación. Se amputa la libertad de un sector de la población que defiende la vida. Se hace por razones políticas, pero sobre todo ideológicas, y por una concepción autoritaria del derecho penal.
Este atentado contra la libertad de expresión de toda persona y contra la esencia de la democracia debe tener una respuesta jurídica. Las dudas sobre si esta ley es constitucional o no deberán ser despejadas por el Tribunal Constitucional.
La Asociación Gallega de Bioética (AGABI) denuncia este uso partidario del derecho que afecta no solo a los grupos pro-vida, sino también y, sobre todo, a la propia mujer, a la que se impide recibir ayuda o información ante una decisión grave para su vida y la del hijo por nacer.
Desde AGABI apoyaremos, por los medios que el ordenamiento jurídico reconoce, a la mujer y a los movimientos que trabajan por su defensa y protección.
