Médicos y enfermeras protestan por el colapso de la sanidad en Ceuta.
José María Domínguez Roldán. Observatorio de Bioética. UCV.
La crisis migratoria de Ceuta ha puesto al límite a su sistema, pero evidencia que los médicos mantienen su compromiso de atender a cada paciente con independencia de su origen o situación.
Las crisis tienen una capacidad singular para poner a prueba las instituciones. Cuando desaparece la normalidad, cuando los recursos se tensan y la política invade todos los espacios, queda al descubierto qué principios son realmente firmes y cuáles dependen de las circunstancias. La grave crisis que vive Ceuta nos ofrece, en este sentido, una lección que merece destacarse: la de sus médicos.
La magnitud de lo que ocurre en la ciudad española de Ceuta explica la tensión a la que se ve sometido el sistema sanitario. Más de 70.000 personas cruzaron irregularmente la frontera desde Marruecos a finales de julio. Según los datos oficiales, solamente entre el 31 de julio y el 31 de agosto se realizaron 10.725 asistencias sanitarias a la población migrante, con una media diaria de 335. En las urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, el incremento medio respecto al año anterior ha sido de 77 asistencias diarias.
Las cifras importan porque permiten dimensionar el problema. Pero detrás de ellas hay una realidad moral mucho más importante: miles de personas necesitaban asistencia y fueron atendidas.
Los médicos de Ceuta proporcionaron asistencia sin preguntar primero de qué lado de la frontera procedían, qué documento llevaban en el bolsillo o cuál había sido su conducta al entrar. Atendieron a ciudadanos españoles y a personas llegadas de Marruecos; a heridos, ahogados, traumatizados y enfermos. Lo hicieron como deben hacerlo los médicos: conforme a la necesidad clínica, con independencia de la nacionalidad, la religión, la ideología, la situación administrativa o la valoración política que merecieran los hechos.
En algunos momentos, la carga asistencial llegó a triplicar la habitual. Los médicos denunciaron públicamente la sobrecarga y advirtieron de un hecho elemental que, con demasiada frecuencia, se olvida: la calidad asistencial no es una variable infinita. Un sistema puede asumir un esfuerzo excepcional durante un tiempo limitado, pero no puede sostener indefinidamente una demanda desproporcionada sin deteriorar los tiempos de respuesta, la seguridad del paciente y las condiciones de trabajo de quienes cuidan.
Todo ello sucede, además, en un momento especialmente complejo para la profesión médica española. La tramitación del nuevo Estatuto Marco ha abierto un conflicto relevante en torno a las condiciones de ejercicio, el reconocimiento de la especificidad médica y el marco de negociación profesional, con movilizaciones y tensiones aún no resueltas. Sin embargo, ese clima de conflicto no ha alterado en Ceuta el compromiso asistencial de los médicos: la reivindicación profesional no ha desplazado, ni por un instante, la obligación de atender a quien necesita cuidados.
La respuesta política, diplomática, policial y administrativa puede y debe ser objeto de análisis. Corresponde a otros determinar responsabilidades, valorar las decisiones y establecer cómo debe protegerse una frontera. Las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas están desempeñando funciones indispensables y actúan dentro de estructuras necesariamente jerarquizadas. Sus actuaciones respondieron a órdenes, normas y políticas emanadas de los poderes legítimos. Sin embargo, el acto médico posee una naturaleza distinta. También está sometido a la ley, pero conserva un espacio moral propio: cuando aparece un enfermo, la obligación profesional hacia él no puede depender de su condición política o administrativa ni de órdenes recibidas de un superior.
En la atención sanitaria no se hace acepción de personas.
La relación entre médico y paciente es, por naturaleza, fiduciaria. El término puede parecer académico, pero expresa algo muy concreto. Quien enferma se encuentra en una situación de vulnerabilidad y deposita en otro ser humano conocimientos, información íntima, decisiones y, a veces, la propia vida. El médico acepta esa confianza y, al hacerlo, asume una obligación de lealtad. Su primera responsabilidad no es con una ideología, una Administración, un partido político ni una determinada visión del mundo. Es con la persona enferma que tiene delante.
El Código de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial de España, de obligado cumplimiento para todos los médicos españoles, no es una colección decorativa de buenos deseos. Expresa compromisos vinculados a la profesión: el servicio al ser humano, el respeto a su dignidad, la atención sin discriminación y la defensa de la calidad asistencial. El Código de Deontología contiene una de las afirmaciones más exigentes de la profesión: la principal lealtad del médico es la que debe a su paciente. El verdadero valor de ello no se demuestra cuando todo funciona, sino cuando cumplirlo resulta difícil.
Atender a un migrante no equivale a respaldar una política migratoria determinada. Reclamar el control de una frontera tampoco autoriza a discriminar a quien necesita asistencia médica. Conviene subrayarlo especialmente en tiempos de polarización. Son planos distintos que una sociedad madura debería ser capaz de separar.
Los médicos de Ceuta lo han hecho. Han continuado atendiendo mientras la presión asistencial crecía y, al mismo tiempo, han expresado la preocupación lógica por la sostenibilidad de dicha atención. No hay contradicción entre ambas actitudes. Hay profesión e identidad médica.
Por eso, Ceuta no es únicamente una crisis fronteriza, política o institucional. Es también una evidencia. Allí donde otros mandatos se han visto atrapados entre órdenes, fronteras y órdenes políticas, la medicina conserva su centro: un paciente, una necesidad y un deber. Esa es la relación fiduciaria. Y esa, en última instancia, es la razón por la que los ciudadanos españoles siguen confiando en sus médicos.
Nota de AGABI
La crisis migratoria en Ceuta está provocando una saturación crítica en todo su estamento sanitario, afectando de forma sistémica no solo a los médicos, sino a la totalidad del personal de salud. La llegada continuada de personas en situación de vulnerabilidad ha desbordado las capacidades asistenciales del Hospital Universitario de Ceuta y de los centros de atención primaria, lo que se traduce en una sobrecarga laboral extrema para el personal de enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), celadores, personal de ambulancias y administrativos. Este colapso operativo genera un grave desgaste físico y mental en los trabajadores debido a las jornadas prolongadas y a la escasez de recursos, al mismo tiempo que tensiona la atención médica habitual de la población residente, obligando al sistema a reestructurar servicios de urgencias y afectando la calidad global de la asistencia en la ciudad autónoma.
José María Domínguez Roldán es Presidente de la Comisión de Ética y Deontología de la Organización Médica Colegial de España. Miembro del Observatorio de Bioética.
