La píldora anticonceptiva no es inocua.

El pasado 12 de junio, Cambridge University Press publicó los resultados de un preciso y extenso estudio sobre la relación entre la utilización de determinados tratamientos contraceptivos y la prevalencia de casos de depresión en las mujeres usuarias. Los autores del trabajo afirman que “nuestros hallazgos respaldan que el uso de anticonceptivos orales está causalmente asociado con un mayor riesgo de depresión tanto en adolescentes como en adultos, especialmente poco después de la iniciación del tratamiento”.

La investigación se desarrolló con una muestra de 264.557 mujeres, de las que el 80,6% fueron usuarias alguna vez de contraceptivos hormonales orales combinados. El tiempo medio de uso  fue de 10 años, y la mediana la edad de inicio y descontinuación del uso fue de 21 y 32 años, respectivamente.

Los resultados más relevantes fueron:

El estudio, que incluyó a 264.557 mujeres, muestra con claridad que el uso de anticonceptivos orales está asociado a un mayor riesgo de depresión poco después del inicio.

El aumento del riesgo disminuyó con el uso continuado de anticonceptivos orales, aunque el riesgo a lo largo de la vida de las usuarias aumentó significativamente.

La contracepción hormonal iniciada en la etapa adolescente se relaciona con un mayor riesgo de depresión aún tras descontinuar el tratamiento, cosa que no se observó en la población adulta.

Había ya otros trabajos anteriores sobre la materia, uno dinamarqués y otro norteamericano que estudiaron los efectos secundarios asociados a la contracepción oral, los cuales señalaron que, además de la depresión y la tendencia suicida, constatadas en el trabajo del 12 de junio pasado, hay otros problemas, como el incremento del riesgo de trombosis.

Ante la tendencia generalizada que preconiza la liberalización de la “píldora”, eliminando la necesidad de prescripción y posterior control farmacoterapéutico, señalamos, a la luz de estos resultados, que se trata de una propuesta inadmisible. Admitirla significaría poner en riesgo la salud de las usuarias y atentaría contra su legítimo derecho tanto de atención sanitaria como de acceso a la información veraz, completa y actualizada relacionada con los tratamientos que se les ofrecen.

Este artículo es una versión reducida del publicado en el Observatorio de Bioética por Julio Tudela realizada por Ángel Guerra.