Recientemente, diversos medios de comunicación han publicado el testimonio de una joven gallega, Susana Domínguez, quien reclama 314.000 euros a la Sanidad pública por haber sido sometida, sin recibir la suficiente información, a diversas operaciones irreversibles de reasignación de sexo, cuando su principal diagnóstico era autismo.
Susana se auto diagnosticó de disforia de sexo cuando tenía quince años. A partir de aquí fue sometida a tratamiento con hormonas masculinas, doble mastectomía, extirpación de útero y de ovarios.
El veintitrés de febrero de 2013 en El Mundo se relata la trágica historia de Susana, la primera “trans” arrepentida que reclama a la Sanidad pública por haberla operado: «Me arruinaron la vida», dice.
Susana reconoce que fue ella quien se auto-diagnosticó de disforia, animada por diferentes foros de internet. Varios transexuales afirmaban en estos foros que sus problemas mentales habían desaparecido con el cambio de sexo. El personal que atendió a Susana aceptó el autodiagnóstico, ignorando sus antecedentes genéticos —al menos seis personas de su familia directa presentan problemas de salud mental— y los rasgos de trastorno del espectro autista que presentaba la joven.
Seis años después explica cómo, a medida que pasaba el tiempo, fue siendo consciente de que no padecía disforia. Sus problemas y angustias vitales, que incluían depresión y trastorno esquizoide, podrían haberle impedido tomar aquellas decisiones si hubieran sido diagnosticados. “Me arruinaron la vida”, afirma la joven.
Es la primera reclamación de este tipo que se presenta en España: el paso previo a una potencial demanda en los tribunales. Se funda en la obligación del Estado y de sus facultativos de proteger la salud de los ciudadanos y no causarles daños innecesarios.
En el Reino Unido, una mujer, Keira Bell, consiguió en 2020, por hechos similares, una indemnización, cambios legislativos y el cierre de la clínica donde se le cambió de sexo. La Justicia decidió allí que, a los quince años (cuando también Susana comenzó su proceso), Bell no tenía madurez suficiente para tomar una decisión de tal calado.
La desventura de Susana se produjo gracias a la ley gallega de no discriminación por razón de sexo de 2014, aprobada con los votos del PP, PSOE y BNG. La ley no menciona la necesidad de acompañamiento psicológico en estos procesos, y permite a los pacientes elegir por sí mismos si quieren cambiar de sexo.
La “ley trans”, recién aprobada en el Congreso de los Diputados, extiende ese modelo a toda España y prohíbe explícitamente (contra la opinión de casi todas las sociedades científicas españolas) que un profesional de la salud mental trate a quien decida cambiar de sexo. Solo concede un acompañamiento si el paciente lo demanda, para ayudarle con las vicisitudes de la hormonación y las cirugías.
Así se pretende evitar que un médico ponga trabas a la petición de cambio de sexo. Sin embargo, países europeos como Reino Unido, Francia, Noruega y Suecia ya han dado marcha atrás a legislaciones similares al probarse que, por culpa de esa falta de control previo, permitían acceder a estos tratamientos a menores sin la madurez necesaria para tomar esa decisión y a enfermos mentales que en realidad no eran transexuales.
Una ideología anticientífica
Según Luisa González vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, el cuarenta por ciento de jóvenes que se auto diagnostican de disforia tienen trastornos del espectro autista. Otros no están conformes con su cuerpo cuando empieza la adolescencia. La doctora González explicó en una reciente entrevista que entre el cuarenta y el setenta por ciento de estos niños ha sufrido maltratos o bullying a nivel escolar. Un fenómeno que se multiplica por 2.000 en tan poco tiempo, según ella, no obedece a una causa médica, a un fallo en la biología, sino que obedece a una ideología artificial anticientífica.
